“Mi trabajo en defensa de comuneros mapuche seguirá adelante”
- Pese a haber sido condenada a 21 días de prisión con el beneficio de la remisión condicional de la pena por Tribunal de Garantía de Pucón, por supuesto ejercicio ilegal de la profesión, la abogada alega inocencia y aclara que es víctima de una persecución por su trabajo de defensa de comuneros mapuche, por lo que espera que la sentencia sea anulada.
- “Es una decisión injusta que afecta a todos los defensores de derechos humanos”, comentó su abogado defensor Pablo Ortega.
Por Elías Paillan, miércoles 17 de noviembre de 2011
Sorprendida aún se encuentra la abogada Karina Riquelme Viveros por la decisión del tribunal de Garantía de Pucón, que después de tres días de juicio la semana recién pasada, decidió condenar a la profesional por supuesto ejercicio ilegal de la profesión durante el año 2009, en momentos en que se desempeñaba en calidad de egresada de derecho en la Oficina de Protección de la Infancia OPD de dicha ciudad.
“Es un fallo que llama la atención, por decirlo menos, en orden a que el delito que pretende acreditar la fiscalía requiere ‘engaño’, cuestión que no fue probada en el juicio, pues todos los testigos del Ministerio Público y mis propias colegas de la época declararon que yo les conté mi condición de Licenciada en Ciencias Jurídicas a esa época”, comentó Riquelme.
Explica, por lo mismo, que siempre tuvo la seguridad de que resultaría absuelta, “pues en el transcurso del juicio jamás se acreditó que yo hubiera engañado a alguien. Mi trabajo se desarrolló normalmente, con buenas evaluaciones de parte del SENAME, lo que incluía entre otras cosas la defensa de menores vulnerados en derecho, e incluso pesquisar una red de explotación sexual comercial, donde se denunciaban redes de corrupción entre distintas instituciones”, señaló.
Coincide con ella su abogado defensor, Pablo Ortega, quien explicó que el juez subrogante del Tribunal de Garantía de Pucón, que fue quien condenó a Riquelme, “realizó una errada interpretación jurídica para condenarla, y luego cambia esa interpretación, para no acoger una excepción de prescripción. Por lo tanto, creemos que la sentencia tiene una respuesta que adolece de una contradicción insalvable, que esperamos la Corte de Apelaciones pueda reconocer y enmendar”.
Ortega adelantó que ya están trabajando en la presentación del recurso de nulidad, cuyo plazo de presentación expira la próxima semana.
Persecución por su labor de defensa a comuneros mapuche
Para la abogada, es claro que este juicio seguido en su contra constituye una persecución por su trabajo de defensa de comuneros mapuches imputados de delitos, calificados de terroristas. “En este caso, la investigación se inicia por un ‘googleo’ a mi persona, en horario de oficina, del fiscal jefe Alberto Chiffelle Márquez, quien instruye la investigación de oficio. Siendo importante destacar, que se trata del mismo Fiscal que es mi contraparte en numerosas causas de defensa a comuneros mapuches”, aclaró.
Riquelme, quien actualmente es integrante del Centro de Investigación y Defensa Sur, resaltó que en el transcurso del procedimiento la fiscalía llegó incluso a solicitar una orden de arresto, sin importar que estuviera embarazada. “Esto fue cuando me encontraba con prenatal, a punto de tener a mi hija, quien tuvo que acompañarme todo el juicio a sus cortos dos meses de edad. Espero, por lo mismo, que en pro de la correcta aplicación del derecho y de la transparencia e independencia de los poderes del estado, que esta sentencia sea anulada por la Corte de Apelaciones”.
La misma percepción tienen sus abogados defensores. En el caso de Jaime Madariaga, es categórico en denunciar que "aquí hay una evidente persecución a ella en su calidad de defensora de derechos humanos de los mapuche. Esto es algo burdo y realmente vergonzoso. Ella se presentó ante el tribunal de familia de Pucón y en la primera audiencia dijo que ella era Licenciada en Derecho, que no era abogada en esa época, ahora lo es. Se discutió si podía actuar, y la jueza del momento señaló que sí podía, porque había un autoacordado en la Corte Suprema que autorizaba a los licenciados en Derecho, a actuar en estas diligencia de protección a menores".
Mientras que para Pablo Ortega se trata de “una situación esencialmente injusta y que ello, de algún modo, afecta a todos los defensores de derechos humanos. Creemos que estamos siendo de algún modo monitoreados por nuestra labor”, advirtió.
Pena asignada y continuidad de su labor como defensora
En cuanto a la pena asignada, de 21 días de prisión con el beneficio de la remisión condicional, la afectada comentó que “se trata de un delito menor imputado con una baja pena”, lo que “es incomparable con lo que han debido sufrir y sufren actualmente comuneros mapuches, quienes han sido sometidos a largas prisiones preventivas, incluso de más de dos años, los que finalmente resultan absueltos en juicio oral. Injusticias gravísimas que afectan de manera seria y terriblemente a ellos y sus familias. Injusticias que en esta ocasión han afectado también a mi persona, pero que no resulta comparable con lo que han debido padecer comuneros mapuche”, insistió.
Consultada acerca de si la condena afectará su labor como defensora de derechos humanos del pueblo mapuche, señala que si bien “se ha publicitado masivamente la concurrencia de un delito que no fue probado en estrados, y que por lo mismo existe posibilidad de que se ponga en duda su calidad ética y profesional, su trabajo en defensa de comuneros mapuches seguirá adelante a través del Centro de Investigación y Defensa Sur, más aún ahora que se vienen muchos juicios de vital importancia”.
Entre estos casos, destacó juicios emblemáticos que afectan a niños, pese a las modificaciones a la ley que califica conductas terroristas y que impide el juzgamiento de menores de edad. “Hay actualmente niños mapuche, a quienes se quiere llevar a juicios en donde se pretende aplicar la ley antiterrorista, niños de comunidades que están sufriendo el accionar policial y la militarización de sus tierras. Mi trabajo está con ellos, con quienes sufren a mayor nivel la persecución por parte de los organismos estatales”, aseguró.
Finalmente, criticó que en estos juicios contra mapuche, “la fiscalía tenga que recurrir a testigos sin rostro que no tienen ninguna fiabilidad, una situación que ya le ha sido representada al estado chileno, además de otras afectaciones al debido proceso por este actuar del Ministerio Público. Hechos frente a los cuales el estado arriesga una condena internacional, y que ahora deberá responder en el marco de las denuncias por procesamiento y condenas a comuneros mapuche que han sido recientemente sometidas a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó.
Fuente: Observatorio Ciudadano
