Comunicado Público
La celebración del Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía ocurre este año en medio del desarrollo de un movimiento nacional de protestas contra los mega proyectos económicos que degradan la tierra y la vida de las comunidades.
Hace 14 años que Chile suscribió y ratificó la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (CLD) de las Naciones Unidas. De acuerdo con esta convención los gobiernos deberían, entre otros aspectos, implementar el Plan de Acción Nacional contra la Desertificación, con la participación de las organizaciones de la Sociedad Civil y de las comunidades afectadas. Igualmente deberían informar regularmente de las actividades y acciones efectuadas y desarrollar un sistema de diagnóstico del proceso de desertificación en el país.
En lugar de cumplir estos compromisos adquiridos internacionalmente el gobierno está impulsando con mayor fuerza negocios basados en la explotación de bienes comunes a una escala nunca vista hasta ahora. Se trata básicamente de emprendimientos de lucro asegurado, tales como megaproyectos mineros, monocultivos agroindustriales y forestales o proyectos energéticos, que emplean gran cantidad de sustancias tóxicas, agotan los recursos de agua, contaminan gravemente el entorno donde operan y destruyen los nutrientes de los extensos territorios que utilizan. El resultado de estas actividades es precisamente lo que la convención se propone combatir: expansión de las tierras áridas, sequía, pobreza, migración forzada.
Es vital, para enfrentar eficazmente la desertificación y la sequía en Chile, que se detenga hoy la abusiva expansión minera y el fomento de la agricultura intensiva en base a monocultivos de especies a escala industrial, que se vele por la no introducción de las especies transgénicas y que se deje sin vigencia el decreto 701, bajo el cual se quiere seguir extendiendo la plantación industrial de pino y eucaliptos a 3 millones de nuevas hectáreas, a costa de los predios de pequeños campesinos y pueblos indígenas.
Por estos motivos reiteramos nuestras exigencias de que, en cumplimiento de sus compromisos con la Convención, el gobierno de Chile:
Convoque la participación efectiva e informada de las organizaciones de la Sociedad Civil y de las comunidades afectadas, en la revisión e implementación del Plan de Acción Nacional contra la Desertificación,
Informe con claridad a la ciudadanía sobre las acciones y actividades desarrolladas por la oficina de coordinación de Chile para la CLD,
Establezca y ponga en práctica a la mayor brevedad posible un sistema de diagnóstico y monitoreo del proceso de la desertificación en Chile que cuente con mecanismos claros de participación de la sociedad civil.
Derogue el Decreto ley 701, que fomenta las plantaciones forestales, y las otras disposiciones legales que facilitan el aumento indiscriminado de monocultivos y la introducción de transgénicos, con la consiguiente degradación de los suelos en gran parte del territorio del país.
Detenga la aplicación del actual modelo energético orientado a satisfacer las necesidades de los grandes proyectos extractivistas que están acelerando el proceso de desertificación en el país.
Naciones Unidas reconoce que la Desertificación es el principal problema ambiental y de desarrollo para la humanidad. El avance de este proceso acarrea degradación ambiental y la consecuente pérdida de medios de subsistencia de muchas comunidades. El escenario actual exige un mayor esfuerzo de todos los sectores, particularmente del gobierno, que es el encargado de diseñar e implementar la política ambiental necesaria para el bienestar del país.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
Mayores informaciones: Lucio Cuenca 2-56- 699 00 82
Santiago, 17 de junio de 2011
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de las personas y medios que nos envían sus notas, y no representan necesariamente el pensamiento de Revista Cartelera Cultural
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